Daniela Dresdner, delegada presidencial en el Biobío, ha dicho que el Ejecutivo no se ha planteado la posibilidad de aplicar la Ley 12.927 porque esta apunta a proteger los servicios públicos y los servicios que son esenciales para la población, y la carga que no está pudiendo ser operada en el puerto hace casi dos meses es de carácter privada. “El conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del gobierno”, argumentó, por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Hace 2 horas